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Día de Acción Global por el acceso al aborto libre, legal y seguro.

El Movimiento Salvadoreño de Mujeres Como parte de las organizaciones ciudadanas, defensoras de Derechos Humanos de mujeres y feministas, que conformamos la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, manifestamos nuestra más profunda preocupación por los limitados avances que existen en el reconocimiento del derecho a la salud integral de las mujeres, especialmente los concernientes a los sexuales y derechos reproductivos, primordialmente ante la legislación que penaliza el aborto de manera absoluta, lo que constituye una violación sistemática a los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y mujeres poniendo en riesgo innecesario su salud y su vida.

Denunciamos la violencia a la que nos enfrentamos diariamente las mujeres salvadoreñas; los feminicidios, la violencia sexual contra niñas y adolescentes, los crímenes de odio por orientación sexual y/o identidad de género, la persecución y hostigamiento contra las defensoras de Derechos Humanos y de la tierra, la criminalización y negación del derecho a la salud de a niñas, adolescentes y mujeres, delitos y violación a Derechos Humanos que quedan en la impunidad y que como sociedad debemos denunciar a fin de parar y erradicar la naturalización de estos hechos.

  • El embarazo impuesto requiere intervención urgente de la sociedad y El Estado. Según reporte del MINSAL durante 2016, 21,477 embarazos a nivel nacional corresponden a niñas y adolescentes entre los 10-19 años de edad. Esto implica que en promedio cada día alrededor de 59 niñas y adolescentes fueron embarazadas, una cada 21 minutos.
  • La absoluta penalización del aborto es una forma de violencia estatal contra las mujeres, pues si una mujer está embarazada y tiene cáncer, no puede decidir interrumpirlo para que le den tratamiento y salvar su vida. Igualmente, si tiene un embarazo ectópico, es decir el embrión está alojado fuera del útero siendo inviable su vida, el personal médico no puede ofrecerle la oportunidad de interrumpir el embarazo, pues serían procesados y condenados por aborto. Según el Ministerio de Salud 63 mujeres fallecieron debido a la actual legislación.
  • 728 familias enfrentaron casos de embarazos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, en donde las mujeres han sido obligadas a padecer el síndrome del féretro (cargan un feto sin vida).

La penalización absoluta del aborto en El Salvador, genera graves violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres, inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión y práctica médica, no ofrecen un marco legal adecuado para valorar y resolver posibles conflictos entre el derecho del feto y los derechos constitucionales de la mujer embarazada.

La legislación actual sobre el aborto, además de ser desigual, es una legislación que no garantiza Derechos fundamentales de las mujeres. Tal como el derecho a la vida y no morir por causas prevenibles, derecho a la salud y el acceso a servicios de salud reproductiva integral, derecho a que se le resguarde su confidencialidad, pues el personal de salud se ve de cierta forma inducido a denunciar a las mujeres en las que se sospeche aborto, sin investigar si este ha sido espontáneo o voluntario, violando inclusive el secreto profesional.

En materia de Derechos Humanos para las mujeres el país no respeta acuerdos internacionales suscritos con la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicios de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”.

Esta violación de derechos de las mujeres es una forma de violencia institucionalizada contra las mujeres tal como lo ha señalado el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas al expresar reiteradamente su preocupación por la prohibición absoluta del acceso al aborto seguro cuando una mujer tiene su vida o su salud amenazadas o han quedado embarazadas a raíz de una violación. La prohibición absoluta del aborto, supone tortura y tratos cruel, inhumano o degradante.

POR TODO ELLO:

Exigimos a legisladores y legisladoras la inmediata aprobación de la reforma al artículo 133 del código penal, que lleva más de 11 meses en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es su responsabilidad legislar a favor de la salud y vida de las mujeres.

Diputadas y diputados, han recibido amplia información de expertos en la materia, tales como: El Ministerio de Salud, La Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, La Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación de Gineco-Obstetras de El Salvador, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Judicial, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Derechos Reproductivos, entre muchas otras opiniones favorables a la reforma por parte de instancias nacionales e internacionales, cuerpo diplomático, congresistas y parlamentarios de muchos países.

Cada día que ustedes postergan la aprobación de la reforma para la despenalización del aborto en 4 causales, condenan a niñas, jóvenes y mujeres a enfrentarse con embarazos impuestos, a muertes maternas prevenibles, suicidios en embarazadas y encarcelamiento hasta de 50 años en mujeres que han sufrido la pérdida de su embarazo a raíz de complicaciones obstétricas.

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